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CTR | Cirilo Tirado Rivera

Cuando el Gobierno conoce al elector: ¿dónde termina el servicio público y comienza el poder político?

3 nov
3 min de lectura

Por Cirilo Tirado Rivera

En la era digital, el poder político ya no depende exclusivamente de controlar instituciones, administrar presupuestos o dominar la conversación pública. También depende de algo menos visible, pero extraordinariamente importante: la información.

Los gobiernos administran datos sobre servicios, propiedades, ayudas y necesidades ciudadanas. Los organismos electorales, por su parte, custodian información de inscripción e identidad. ¿Qué ocurre cuando ambos universos comienzan a conectarse?

Una resolución que merece atención

El 21 de agosto de 2026, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico emitió la Resolución CEE-RS-26-008 sobre solicitudes del Departamento de la Familia, ADFAN y el Hospital Municipal de San Juan para facilitar la identificación de personas vulnerables sin documentación oficial.

La necesidad social era legítima. Sin embargo, el mecanismo propuesto implicaba utilizar información electoral para fines no electorales. Los comisionados del PNP y del PIP favorecieron evaluar las solicitudes individualmente, mientras que el comisionado del PPD se opuso por razones de confidencialidad. La presidencia de la CEE denegó las tres solicitudes al concluir que excedían las facultades legales de la Comisión.

Una necesidad gubernamental legítima no autoriza automáticamente cualquier mecanismo para satisfacerla.

El valor político de la información

Durante décadas, los partidos construyeron sus estructuras mediante comités de barrio, organizaciones comunitarias y contacto directo. Hoy, la tecnología permite combinar grandes cantidades de información de sistemas diferentes. Esa capacidad puede mejorar la planificación de servicios, pero también crea riesgos de privacidad y de reutilización incompatible con los fines originales.

Si información gubernamental confidencial terminara utilizándose para actividades partidistas, podría producirse una desigualdad entre quienes administran el Gobierno y quienes compiten desde la oposición. No hay evidencia en esta resolución de que eso haya ocurrido.

¿Qué significa para los partidos de oposición?

La oposición debe fiscalizar mediante investigaciones, información pública, encuestas y participación ciudadana. El partido que administra el Gobierno tampoco debe confundir la responsabilidad institucional con los intereses de su organización. Los recursos públicos y los expedientes administrativos pertenecen al Estado, no al partido que temporalmente ejerce el poder.

La solución democrática no consiste en distribuir datos protegidos entre partidos. Consiste en impedir su utilización indebida, bajo reglas iguales para todos.

Verificar una identidad no es construir un perfil ciudadano

Corroborar la identidad de una persona para una gestión específica es diferente de intercambiar registros completos o permitir su combinación con otros sistemas. Cada operación exige una finalidad legal, controles de acceso, límites de conservación y mecanismos de auditoría.

Los ciudadanos que solicitan asistencia pública no deben quedar expuestos a usos secundarios no autorizados de sus datos personales. La prestación de servicios es una obligación del Estado, no una concesión partidista.

Las preguntas que corresponde investigar

¿Qué convenios existen entre la CEE y otras agencias? ¿Qué categorías de datos se intercambian? ¿Quién puede consultarlos? ¿Qué registros de auditoría existen? ¿Cómo se garantiza que la información no termine utilizándose para otros propósitos?

La resolución no demuestra que el Gobierno haya construido perfiles políticos ni que haya utilizado datos electorales para operaciones partidistas. Sí documenta solicitudes de colaboración y una determinación que estableció límites legales. Esa diferencia entre evidencia e hipótesis debe preservarse.

La política en la era del feed

En mi libro Política en la era del feed planteo la necesidad de reconstruir la representación en una sociedad donde la tecnología transforma la relación entre ciudadanos e instituciones. El poder de la información va más allá de los mensajes en redes sociales: comprende la capacidad de recopilar, combinar e interpretar datos sobre la sociedad.

Pero comprender necesidades ciudadanas no es lo mismo que convertir los datos personales en instrumentos de control. La modernización gubernamental exige sistemas eficientes y, simultáneamente, garantías verificables de privacidad y neutralidad.

La responsabilidad de fiscalizar

Los partidos de oposición tienen la función democrática de examinar las actuaciones del Gobierno. Esa responsabilidad exige investigar, documentar, solicitar información, evaluar controles y proponer soluciones. Puerto Rico puede facilitar la identificación de personas vulnerables sin convertir la infraestructura electoral en una fuente general de información administrativa.

La verdadera discusión

¿Quién controla la información del ciudadano y quién controla a quienes tienen acceso a ella? Las instituciones democráticas necesitan límites, procedimientos verificables y rendición de cuentas. Cuando la información personal se convierte en fuente de poder, protegerla deja de ser solo un asunto tecnológico: se convierte en una cuestión de derechos, representación y democracia.

El Gobierno administra información para servir al ciudadano. No debe convertirla en un recurso partidista.

Referencia: Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Resolución CEE-RS-26-008 (21 de agosto de 2026); Código Electoral de Puerto Rico, Ley 58-2020, según enmendada, artículos 2.3(97), 3.6 y 5.13.

 
 
 

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