El cabro velando las lechugas
Por qué las alianzas público-privadas fallan cuando lo que se entrega es un servicio esencial.
Un refrán que lo explica todo
En el campo lo sabían nuestros abuelos: no se pone al cabro a velar las lechugas. No porque el cabro sea malo, sino porque es cabro. Su naturaleza es comer.
Eso es exactamente lo que hemos hecho con la energía de Puerto Rico. Le entregamos a empresas privadas, cuyo fin legítimo es la ganancia, la custodia de un servicio del que depende la vida diaria de 3.2 millones de personas. Y luego nos sorprendemos de que el huerto amanezca pelado.
Mi tesis es sencilla: cuando el servicio es esencial, el interés del pueblo no puede quedar en manos de quien gana más mientras más le cueste al pueblo. Las alianzas público-privadas (APP, o “P3”) pueden servir para un estacionamiento o un peaje. Para la luz, el agua o la salud, el modelo está mal diseñado desde la raíz.
Ningún caso lo demuestra mejor que el 3PPO, la oficina privada de compras que la AAPP creó para vigilar los conflictos de interés de LUMA y Genera. Le dimos a un contratista el poder de diseñar, evaluar y recomendar contratos de miles de millones, y terminamos con el escándalo de Power Expectations.
No es una posición nueva para mí. En 2013, como presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Asuntos Energéticos del Senado, planteé que la política energética del país conllevaba una reestructuración completa de la AEE (Metro, 2013). Y en abril de 2014, marché junto a miles contra una reforma energética que sus críticos veían como la antesala de la privatización, impulsada por el entonces presidente del Senado de mi propio partido, y dije públicamente que siempre he defendido “que los servicios esenciales para el País estén en manos del pueblo” (Primera Hora, 2014). Lo sostuve entonces frente a mi propio partido. Lo sostengo hoy, cuando los hechos lo confirman.
Lo que nos prometieron
La Ley 29-2009 se vendió como la puerta a la eficiencia. Su política pública habla de proyectos prioritarios, de más participación de empresas locales, de transferencia de conocimiento a nuestra fuerza laboral y de colaboración con nuestras universidades (Ley 29-2009, según enmendada, Art. 3).
Con ese marco se firmó en junio de 2020 el contrato de operación y mantenimiento de la red de transmisión y distribución con LUMA Energy, seguido de un acuerdo suplementario días después. Luego vino Genera PR, que hoy opera los activos legados de generación de la AEE, cerca del 60% de la energía que consume el país.
La promesa era clara: capital privado, gerencia moderna, menos política y mejor servicio. Cinco años después, toca pasar balance.
El huerto, cinco años después
El balance de 2026 no necesita adjetivos. Basta con poner los hechos en fila:
Fecha | Qué pasó | Fuente |
Oct 2026 | La gobernadora rechaza una nueva petición de aumento de LUMA: “aumento, aumento, aumento” mientras persisten las fallas de mantenimiento | |
Oct 2026 | LUMA advierte al Supremo que cancelarle el contrato costaría $1,300 millones | |
Sep 2026 | Más de 178,000 abonados sin luz tras salir de servicio las dos unidades de Costa Sur | |
Ago 2026 | Genera reporta una reserva de apenas 217 MW para el pico de la noche | |
Ago 2026 | Genera acusa a LUMA de falta de coordinación en trabajos previos a los apagones de Costa Sur | |
Jul 2026 | El Negociado de Energía evalúa multar a Genera con $25,000 diarios por no completar a tiempo las unidades de resguardo | |
Jun 2026 | LUMA reclama en su contrademanda que cancelar le costaría al pueblo al menos $4,500 millones | |
2026 | Los operadores pidieron cerca de $1,360 millones adicionales en la revisión de la tarifa base | |
2025 | El Supremo anula una cláusula del contrato de LUMA que funcionaba como inmunidad frente a los reclamos de los clientes | |
2024 | El Negociado concluye que Genera hizo representaciones falsas sobre ahorros y calendarios de un proyecto de generación |
Fíjense en el patrón. Cuando hay apagones, cada operador culpa al otro. Cuando hay que invertir, la cuenta va a la tarifa. Y cuando el pueblo quiere salir del contrato, la salida tiene un precio de miles de millones.
El problema no es el cabro: es haberle abierto el portón
Sería cómodo culpar solo a LUMA o a Genera. Pero el fracaso está en el diseño, y un mal diseño fracasa con cualquier contratista. Hay cuatro fallas de raíz.
1. El incentivo está al revés. El operador cobra por administrar, pero el costo de invertir, reparar y equivocarse termina en la tarifa. Quien decide no paga; quien paga no decide. En un servicio esencial no hay competencia que castigue el mal servicio: el cliente no se puede ir a otra red.
2. Nadie responde por el todo. Dividimos el sistema en pedazos: la generación para uno, la red para otro, la deuda y las pensiones para la AEE. Cuando se va la luz, cada cual señala al de al lado. El pueblo no compra “transmisión” ni “generación”; compra luz.
3. Salir cuesta más que quedarse. El contrato se escribió para que la puerta de salida sea carísima. Y quien defiende hoy ese contrato ante el Supremo es la Junta de Supervisión Fiscal, que advierte que devolver la red a la AEE sería ilegal y pondría en riesgo la reestructuración de la deuda (Metro). Los intereses del bonista y del contrato pesan más que los del abonado.
4. El conflicto de interés viene de fábrica. Una resolución del Senado documenta que altos ejecutivos de LUMA estaban vinculados a sus empresas matrices, Quanta Services y ATCO (R. C. del S. 116). Cuando el que contrata y el contratado son primos, el portón nunca se cierra.
Por eso me preocupa la salida que se propone. La administración ha dicho que conversa con candidatos para traer un nuevo operador privado (Metro). Cambiar de cabro sin cambiar el portón es repetir la historia con otro nombre.
La AAPP: el guardián que le abrió el portón al cabro
La crítica más dura no va para LUMA. Va para la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), la agencia que la ley puso a negociar y vigilar estos contratos en nombre del pueblo. Su trabajo era ser el perro del huerto. Terminó siendo quien le abrió el portón al cabro.
Tres actos lo prueban.
Firmó un escudo para el operador. El contrato de 2020 incluyó la sección 4.1(g), un relevo que en la práctica protegía a LUMA de los reclamos de los clientes. Hizo falta que el Tribunal Supremo la declarara inconstitucional en 2025, porque concedía una inmunidad que solo la Asamblea Legislativa puede otorgar (DACO v. LUMA). Una agencia que defiende al pueblo no firma eso.
Extendió el contrato sin fecha y a la carrera. El contrato suplementario, con una compensación anual más alta, duraba 18 meses y vencía el 30 de noviembre de 2022. Ese día la AAPP, la AEE y LUMA firmaron una Carta-Extensión que lo prolongó hasta que la AEE salga de la quiebra (El Nuevo Día). Según el propio Gobierno, esa carta le quitó a la AAPP su facultad de terminar el contrato y dejó su continuidad a la voluntad exclusiva de LUMA (2026 TSPR 85).
La junta de la AAPP la aprobó con tres votos. Los representantes del interés público se abstuvieron, denunciaron que la reunión se convocó a la carrera y que sus enmiendas fueron rechazadas (Metro, 2022; Primera Hora). Sin esa carta, el contrato de LUMA habría vencido. La única voz del pueblo en la mesa fue ignorada.
Hoy demanda para anular lo que firmó. La misma AAPP le pide al Supremo declarar nula la carta que suscribió, alegando que le faltaban las aprobaciones que exige la ley. Puede que tenga razón en derecho. Pero si la carta era ilegal en 2026, también lo era en 2022, cuando la AAPP le puso su firma. LUMA usa esa contradicción para acusar al Gobierno de mala fe y reclamar daños. El pueblo podría pagar dos veces: por el contrato mal hecho y por el pleito para deshacerlo.
Y la opacidad sigue. En agosto de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal denunció que la AAPP llevaba más de un mes sin entregarle información sobre sus procesos de compra de generación eléctrica (El Nuevo Día). Si la agencia que contrata en nombre del pueblo no le rinde cuentas ni a quien la fiscaliza, ¿a quién se las rinde?
La falla ha cruzado tres gobernadores y varios directores. El problema no es quién la dirige: es que la AAPP negocia, aprueba, supervisa y litiga sus propios contratos. Es juez y parte. Mientras eso no cambie, la AAPP seguirá actuando como si su cliente fuera el inversionista y no el abonado.
El 3PPO: un cabro privado para vigilar a los otros cabros
Si la AAPP abrió el portón, el 3PPO es el refrán hecho oficina. Para evitar que LUMA y Genera les dieran contratos a sus propias matrices y afiliadas, la AAPP no creó un fiscalizador público. Contrató a otra empresa privada para que manejara esas compras: la Third-Party Procurement Office (3PPO), función que desde 2023 ejerce Regulatory Compliance Services Corp. (ReComS), que preside el abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares (NotiCel; CPI). Hasta el diseño fue privado: consultores legales de la AAPP trabajaron en crear el 3PPO y los manuales de compras de LUMA y Genera (MZLS).
La alerta se dio desde el primer día. En 2023, legisladores preguntaron por qué un tercero privado haría compras que conocía la AEE, cuando la AAPP ya recibía unos $9 millones al año del presupuesto de la AEE precisamente para fiscalizar a LUMA y Genera. Al anunciar la adjudicación, la AAPP ni siquiera tenía definida la cuantía del contrato (Metro, 2023).
El resultado se llama Power Expectations:
Fecha | Qué pasó | Fuente |
Nov 2026 | La Comisión de Gobierno de la Cámara asigna responsabilidad “principal” a la AAPP y al 3PPO, refiere a Josué Colón, Mary Carmen Zapata, Osvaldo Carlo y al consultor legal Juan González Galarza, y recomienda cancelar el contrato de ReComS | |
Sep 2026 | La gobernadora dice que el manejo fue fatal y que el informe que pidió señala al 3PPO | |
Ago 2026 | La Junta revoca su aval y la AEE cancela; el consorcio no presentó una fianza de unos $1,180 millones. Antes, Carlo había advertido a la Junta de riesgos legales por anular el contrato | |
Jun 2026 | Enchanted Rock denuncia que nunca autorizó su firma y alega presunta extorsión; Power Expectations la sustituye por Flotek | |
Jun 2026 | La AEE firma un contrato de generación temporera de casi $5,887 millones por 10 años; la licitación la administró y recomendó el 3PPO | |
2025 | El propio 3PPO había advertido que Enchanted Rock y Flotek no estaban registradas como corporaciones foráneas en Puerto Rico |
El informe de la Cámara retrata el problema mejor que cualquier columna: quienes conocían la controversia no se la comunicaron a quien debía decidir. Revela, además, que el 3PPO no era tan independiente: el zar de Energía le daba directrices en un chat, abogados de la AAPP se sentaron en las negociaciones, y un mismo consultor legal asesoraba a la vez a la AAPP y a la AEE.
Eso es el cabro velando las lechugas en estado puro. Abogados privados, con contrato del Gobierno, con poder para diseñar la licitación, evaluar, recomendar y negociar un contrato de casi $6,000 millones, sin responder como funcionarios ante la Ley de Ética Gubernamental. Y cuando explotó el escándalo, nadie fue el guardián: la AEE dice que la mantuvieron a oscuras, la AAPP dice que el 3PPO era independiente y el 3PPO dice que todo pasó por la Junta, el Negociado y la Junta Fiscal.
Seamos justos: los referidos no son acusaciones y las investigaciones siguen. El 3PPO afirma que no ha cobrado por ese proceso y que fue él quien llevó el caso al FBI, y la gobernadora subraya que no se desembolsó dinero público. Pero que el pueblo no perdiera miles de millones no fue obra del sistema: el freno lo puso una empresa que denunció que habían usado su firma.
Lo que dirán los defensores (y es justo escucharlos)
Quien defiende el modelo tiene argumentos que hay que tomar en serio:
La AEE no era un paraíso. Antes de LUMA había politización, falta de mantenimiento y una quiebra. Volver atrás sin reformar sería volver al mismo problema.
La flota es vieja. Genera heredó centrales envejecidas; parte de las averías no se arreglan en cinco años.
El regulador sí actúa. El Negociado de Energía rechazó subir el cargo fijo a más de $40 y lo dejó en $8 (Primera Hora), y ha impuesto plazos y multas.
Cancelar tiene costos reales. LUMA y la Junta advierten de litigios, daños y riesgo para los fondos federales. LUMA, además, alega que el Gobierno no le ha hecho las transferencias que le corresponden.
Todo eso puede ser cierto y la conclusión no cambia. Que la AEE fallara prueba que hacía falta reformar lo público, no entregarlo. Y que el regulador tenga que pasarse la vida frenando aumentos y multando operadores confirma el punto: el cabro sigue tratando de comerse las lechugas, y alguien tiene que estar ahí todo el día con el palo.
Cómo cerrar el portón
No se trata de nostalgia por la vieja AEE. Se trata de que el control de lo esencial vuelva a quien responde ante el pueblo. Propongo seis principios:
Lo esencial se gobierna desde lo público. El sector privado puede construir, suplir e instalar por contrato, pero la operación y la planificación de la red no se ceden.
Una sola mano responsable. Un ente público profesional, despolitizado por ley, con junta independiente y nombramientos por mérito y término fijo, que responda por todo el sistema.
Ningún contrato de servicio esencial sin salida razonable. Toda APP vigente o futura debe permitir terminar por incumplimiento sin penalidades que secuestren al país.
Que el riesgo lo cargue quien decide. Si un operador privado participa, su pago debe depender de resultados medibles para el abonado, no de la tarifa que logre aprobar.
Transparencia total. Contratos, subcontratos con afiliadas, métricas y uso de fondos federales, publicados en línea y auditados por el Contralor.
Cerrar el 3PPO privado. Las compras donde haya conflicto de interés las debe hacer un ente público, con empleados sujetos a la Ley de Ética Gubernamental y expedientes abiertos. Quien adjudica contratos de miles de millones tiene que responder como funcionario, no como contratista.
Y una regla para la Asamblea Legislativa: antes de aprobar otra APP en salud, agua o energía, que se pregunte quién gana si el servicio empeora. Si la respuesta es “el operador”, el proyecto no va.
La lección del campo
El Tribunal Supremo tiene ahora en sus manos la validez del contrato de LUMA (Metro). Gane quien gane en el tribunal, la pregunta de fondo seguirá ahí: ¿quién cuida lo que es de todos?
Nuestros abuelos no necesitaron un consultor para saberlo. Al cabro se le respeta, se le da su espacio y su comida. Pero las lechugas se cuidan con una cerca y con alguien de la casa vigilándolas. Lo esencial no se alquila.
Cirilo Tirado Rivera
Fuentes
Junta pide al Supremo evitar la cancelación del contrato de LUMA — Metro, oct. 2026
Gobernadora truena contra LUMA por nuevo aumento — Metro, oct. 2026
Cancelar el contrato de LUMA costaría $1,300 millones — El Nuevo Día, oct. 2026
Tribunal Supremo asumirá controversia sobre el contrato de LUMA — Metro, ago. 2026
LUMA incluye controversias del Gobierno en contrademanda — Metro, jun. 2026
NEPR evalúa multar a Genera con $25,000 diarios — Metro, jul. 2026
Negociado de Energía no da paso al aumento de tarifa — Primera Hora
“Le pasaron por encima al interés del pueblo” — Metro, nov. 2022
AAPP aprueba extensión de contrato suplementario de LUMA — Primera Hora, nov. 2022
Junta Fiscal exige respuestas inmediatas a la AAPP — El Nuevo Día, ago. 2026
Refieren a Justicia contrato de Enchanted Rock — NotiCel, ago. 2026
Puerto Rico’s $5.8B Power Deal Included Unregistered ‘Corporate Ghosts’ — CPI, sep. 2026
Cuestionan necesidad de contrato para realizar compras en LUMA — Metro, ago. 2023
Comisión cameral emite referidos por Power Expectations — El Nuevo Día, nov. 2026
Osvaldo Carlo refiere a autoridades federales la controversia — El Nuevo Día, ago. 2026
“Que se cancele”: gobernadora sobre el contrato de energía temporera — El Nuevo Día
En manos de AEE contratos de energía renovable — Metro, abr. 2013
Marchan contra una posible privatización de la AEE — Primera Hora, abr. 2014


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