Mientras ellos pelean por el poder, Puerto Rico paga la factura

Por Cirilo Tirado Rivera22 de noviembre de 2026
Puerto Rico tiene una gobernadora, un presidente del Senado, una mayoría legislativa y un partido que controla las principales estructuras del gobierno. Lo que todavía no tiene es una respuesta convincente a una pregunta fundamental: ¿quién está gobernando para la gente?
La confrontación pública entre Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz ha dejado de ser un asunto exclusivamente interno del Partido Nuevo Progresista. Se ha convertido en una expresión de las contradicciones de un gobierno que tiene el poder político, pero enfrenta dificultades para traducirlo en resultados que mejoren la vida cotidiana.
Y mientras se intercambian mensajes, se marcan territorios y se calculan posiciones futuras, el ciudadano continúa pagando.
Paga la electricidad. Paga los alimentos cada vez más caros. Paga las consecuencias de un sistema de servicios públicos que no responde a sus necesidades. Y, sobre todo, paga el costo de una política que parece demasiado ocupada administrando sus conflictos como para resolver los problemas del país.
El poder no es lo mismo que gobernar
Ganar unas elecciones concede autoridad democrática para gobernar. No garantiza capacidad administrativa, coherencia institucional ni resultados.
El PNP tiene el control del Ejecutivo y de ambos cuerpos legislativos. Por eso, cuando surgen diferencias entre sus principales dirigentes, no basta con atribuirlas a las personalidades o a las aspiraciones individuales.
La pregunta es más profunda: ¿por qué una mayoría política no logra proyectar una agenda común frente a los problemas más urgentes de Puerto Rico?
Las diferencias entre el Ejecutivo y la Legislatura son legítimas. La separación de poderes existe precisamente para permitir fiscalización y contrapesos.
Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es convertir la confrontación permanente en sustituto de la acción gubernamental.
El país no necesita unanimidad política. Necesita capacidad para tomar decisiones y responder por sus consecuencias.
La factura eléctrica como símbolo del fracaso
La discusión sobre el costo de la electricidad resume buena parte de nuestra crisis de gobernabilidad.
La gobernadora ha presentado alternativas de alivio económico que requieren evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal. El presidente del Senado ha impulsado medidas para examinar los subsidios que se cobran en la factura eléctrica y buscar mecanismos para reducir su impacto.
Ambas iniciativas pueden ser objeto de discusión legítima.
Pero el ciudadano no vive de propuestas, conferencias de prensa o resoluciones legislativas.
El ciudadano recibe una factura.
Y esa factura no pregunta si la propuesta salió de La Fortaleza, del Capitolio o de la Junta de Supervisión Fiscal.
Simplemente hay que pagarla.
Aquí aparece una contradicción fundamental: tenemos múltiples instituciones discutiendo cómo aliviar el costo de la energía, pero todavía no existe una solución estructural que garantice electricidad confiable y asequible.
Cambiar quién paga un subsidio no necesariamente reduce el costo real de producir electricidad. Puede aliviar la factura del consumidor, pero también trasladar el gasto a otro renglón del presupuesto público.
Por eso, Puerto Rico necesita algo más que alivios temporeros. Necesita conocer cuánto cuesta realmente su sistema energético, quién responde por sus deficiencias y qué decisiones producirán reducciones sostenibles.
Cuando la política se convierte en espectáculo
Vivimos en una época en que cada controversia genera titulares, comentarios, videos y miles de interacciones digitales.
La confrontación política produce atención.
Pero la atención no necesariamente produce soluciones.
En la política de la era del feed, un intercambio entre dirigentes puede ocupar durante días la conversación pública mientras los problemas estructurales permanecen intactos.
El riesgo es que terminemos evaluando a nuestros gobernantes por su capacidad para dominar una controversia, y no por su capacidad para administrar el país.
¿Quién ganó el intercambio? ¿Quién quedó mejor posicionado? ¿Quién tuvo la última palabra?
Son preguntas que pueden interesar a los estrategas políticos.
Pero las preguntas importantes para Puerto Rico son otras:
¿Bajó la factura eléctrica? ¿Mejoraron los servicios? ¿Se protegieron los fondos públicos? ¿Se fortaleció la capacidad de las agencias? ¿Se atendieron las necesidades de las familias?
La política no puede reducirse a una competencia por controlar la narrativa.
Gobernar es producir resultados que puedan verificarse.
El problema también interpela a la oposición
Sería un error interpretar esta coyuntura únicamente como una oportunidad electoral para los partidos de oposición.
La inconformidad con el gobierno no se transforma automáticamente en confianza hacia quienes aspiran a sustituirlo.
El Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y las demás fuerzas políticas tienen ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de comentar las contradicciones del PNP.
Deben presentar alternativas concretas, explicar cómo las financiarían y demostrar que comprenden los problemas que enfrentan las familias puertorriqueñas.
La oposición que se limita a celebrar los errores del gobierno corre el riesgo de convertirse en otra expresión de la misma política que el ciudadano cuestiona.
Puerto Rico no necesita solamente una alternativa electoral.
Necesita una alternativa de gobierno.
El 2028 comienza con las respuestas de hoy
Aunque faltan dos años para las próximas elecciones generales, las decisiones que se toman ahora contribuirán a definir el ambiente político de 2028.
La confrontación entre dirigentes del PNP puede tener consecuencias para sus lideratos y sus aspiraciones futuras.
Pero reducir el análisis a quién prevalecerá dentro de ese partido sería perder de vista lo esencial.
La verdadera disputa no debería ser por el control de una colectividad política.
Debería ser por demostrar quién tiene la capacidad de reconstruir la confianza pública.
Porque la confianza no se recupera con consignas, anuncios ni campañas publicitarias.
Se recupera cuando el ciudadano percibe que sus problemas importan y que sus gobernantes responden con decisiones, transparencia y resultados.
La pregunta que nadie puede evadir
Puerto Rico no puede continuar atrapado entre las controversias del gobierno, las restricciones de la Junta de Supervisión Fiscal y las promesas de quienes aspiran al poder.
Cada institución tiene responsabilidades que debe asumir.
La gobernadora debe gobernar.
La Legislatura debe legislar y fiscalizar.
La Junta debe responder por sus decisiones dentro del marco de sus facultades.
Y la oposición debe demostrar que tiene propuestas viables.
El país necesita menos protagonismo individual y más responsabilidad institucional.
Porque al final del día, mientras unos discuten quién manda, hay miles de familias tratando de decidir cómo pagar sus obligaciones.
Y esa es la verdadera crisis política de Puerto Rico: no la pelea entre quienes tienen el poder, sino la distancia cada vez mayor entre el poder y la vida de la gente.
La pregunta no es quién ganará la confrontación entre Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz.
La pregunta es cuánto más tendrá que pagar Puerto Rico mientras sus gobernantes deciden quién tiene el poder.
Política en la era del feed — No basta con captar atención. Hay que volver a representar.


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