De Barranquitas a Cayey: Pablo José está listo para Gobernar

En Puerto Rico estamos acostumbrados a escuchar discursos políticos llenos de grandes palabras, consignas repetidas y promesas que muchas veces desaparecen tan pronto termina la actividad. Por eso, cuando un dirigente presenta propuestas concretas, aunque todavía necesiten desarrollarse, vale la pena detenerse a examinarlas.

Eso es lo que ha ocurrido con los mensajes ofrecidos recientemente por el Comisionado residente Pablo José Hernández en Barranquitas y Cayey.

Aunque fueron pronunciados en escenarios distintos, ambos discursos parecen formar parte de una misma conversación. En Barranquitas habló sobre cómo darle más poder al ciudadano. En Cayey dirigió su atención al dinero que entra en las campañas políticas y a la influencia que pueden ejercer los contratistas y donantes sobre el gobierno.

El hilo que conecta ambos mensajes es sencillo: quitarles poder a los grupos que controlan los procesos políticos y devolvérselo al pueblo.

Barranquitas: más poder para el elector

En Barranquitas, Pablo José presentó tres reformas dirigidas a ampliar la participación ciudadana.

La primera fue la posibilidad de establecer un referéndum revocatorio. Bajo este mecanismo, los ciudadanos podrían iniciar un proceso para remover a un gobernador antes de que concluya su término.

Es una propuesta que, inevitablemente, generará debate. No puede convertirse en un instrumento para desestabilizar un gobierno cada vez que surja una controversia política. Pero tampoco debe descartarse sin discusión. La idea parte de una pregunta legítima: ¿qué alternativas tiene el pueblo cuando un gobernante pierde completamente su confianza, pero todavía le quedan varios años en el cargo? Ya vivimos el verano del 2019, pero no es suficiente ese poder debe garantizarse en la constitución.

La segunda propuesta fue adoptar algún sistema que garantice mayor legitimidad al momento de elegir al gobernador. Entre las opciones mencionadas se encuentran la votación por orden de preferencia y una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato obtenga una mayoría.

Este asunto resulta particularmente pertinente en una época de fragmentación política. Con cuatro o cinco candidaturas competitivas, una persona puede llegar a la gobernación con una porción relativamente pequeña del voto total. Cumpliría con la ley, pero gobernaría sin el respaldo de una mayoría clara.

Una segunda vuelta permitiría que los electores escogieran entre los dos candidatos con mayor apoyo. La votación por preferencia, por su parte, permitiría ordenar a los candidatos según la preferencia del elector.

Ambos modelos tienen ventajas y dificultades. Lo importante es que abren una discusión necesaria sobre la legitimidad de nuestros procesos electorales.

La tercera propuesta presentada en Barranquitas fue la iniciativa ciudadana. Mediante un número determinado de firmas, los ciudadanos podrían impulsar proyectos de ley o enmiendas constitucionales y llevarlos a votación.

La propuesta parte de una realidad que muchos puertorriqueños reconocen: en demasiadas ocasiones, las grandes reformas quedan atrapadas en la Asamblea Legislativa. Los proyectos se detienen en una comisión, se posponen por conveniencia partidista o nunca llegan a votación.

La iniciativa ciudadana podría abrir una ruta alterna. Sin embargo, tendría que diseñarse con controles rigurosos para evitar que grupos con grandes recursos económicos dominen el proceso de recogido de firmas y conviertan la participación ciudadana en otra competencia de dinero.

Cayey: seguir la ruta del dinero

Días después, en Cayey, Pablo José trasladó el debate al financiamiento electoral.

El mensaje fue claro y contundente; no basta con denunciar la corrupción después de que ocurre. También es necesario examinar cómo entra el dinero a las campañas políticas y qué relación existe entre las aportaciones, los contratos gubernamentales y el acceso al poder.

Entre las propuestas se encuentra limitar o prohibir los donativos políticos en efectivo.

En una época en la que casi todas las transacciones pueden realizarse electrónicamente, resulta razonable exigir mecanismos que permitan conocer el origen del dinero. Los donativos en efectivo son más difíciles de rastrear y pueden facilitar que se oculten aportaciones mayores o que una misma persona utilice intermediarios.

También se propuso limitar los donativos anónimos.

Aquí el principio debe ser sencillo y sin maculas, quien aporta una cantidad significativa a una campaña política debe estar dispuesto a que su identidad sea conocida. La transparencia no debe verse como un castigo al donante, sino como una protección para el sistema democrático.

Otra de las propuestas fue restringir o prohibir las aportaciones de contratistas del gobierno.

Este puede ser uno de los asuntos más importantes y, al mismo tiempo, más difíciles de implantar.

No todo contratista que hace una aportación está comprando influencia. Tampoco toda contribución política termina en un contrato. Sin embargo, la mera percepción de que una persona aporta dinero a una campaña y luego recibe beneficios gubernamentales deteriora la confianza pública.

Por eso es necesario establecer reglas claras. Habría que definir quién se considera contratista, por cuánto tiempo aplicaría la prohibición, si incluiría a los dueños y ejecutivos de la empresa y cómo se atenderían las aportaciones realizadas antes de una subasta.

Finalmente, se propuso divulgar el lugar de empleo de las personas que hagan donativos superiores a determinada cantidad.

Esta información permitiría identificar patrones. Por ejemplo, si un grupo de empleados de una misma compañía aporta dinero a una candidatura y luego esa empresa recibe contratos gubernamentales, el país tendría mejores herramientas para examinar la relación.

Eso no significa que exista automáticamente una actuación ilegal. Significa que habría más información disponible para periodistas, entidades fiscalizadoras y ciudadanos.

El pueblo contra la claque

La expresión utilizada por Pablo José —“el pueblo contra la claque”— intenta resumir su narrativa política.

La palabra “claque” se refiere aquí a ese grupo de personas que se mueve alrededor del poder: contratistas, operadores políticos, comentaristas, intermediarios, donantes y figuras que sobreviven independientemente del partido que gobierne.

Es una imagen poderosa porque conecta con una percepción ampliamente extendida: cambian las administraciones, cambian los secretarios y cambian los discursos, pero muchas de las personas que se benefician del gobierno permanecen cerca de la mesa.

Sin embargo, la frase también representa un riesgo.

Hablar de una “claque” puede convertirse fácilmente en una generalización. No toda persona que trabaja con el gobierno forma parte de una red de corrupción. No todo contratista es un oportunista. No todo donante pretende comprar un favor.

Por eso la narrativa tendrá que estar acompañada de legislación precisa, procesos transparentes y definiciones claras. De lo contrario, puede quedarse en una consigna atractiva, pero vacía.

Un cambio en la conversación del PPD

Quizás el aspecto más interesante de estos mensajes es que Pablo José no concentró toda su atención en el tema del estatus.

En actividades vinculadas a figuras históricas del autonomismo y a la Constitución del Estado Libre Asociado, decidió hablar de democracia, corrupción, elecciones, participación ciudadana y financiamiento político.

Eso parece responder a una lectura del momento político.

Para una parte importante del electorado, especialmente los más jóvenes, la discusión política no comienza necesariamente con el estatus. Comienza con el costo de vida, la falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos y la sensación de que el gobierno responde mejor a quienes tienen conexiones que a quienes cumplen con sus responsabilidades.

Al colocar el énfasis en una Reforma Democrática, Pablo José intenta presentar al Partido Popular como una alternativa para cambiar la manera de gobernar, no solamente como el defensor de una fórmula de estatus.

La pregunta es si el PPD estará dispuesto a aceptar todas las consecuencias de esa agenda.

Reformar el financiamiento político no afecta únicamente al partido que está en el poder. También puede afectar a alcaldes, legisladores, candidatos y recaudadores dentro del propio Partido Popular. La verdadera prueba será determinar si las propuestas se aplicarán con la misma fuerza a los adversarios y a los aliados.

De las palabras a la legislación

Las ideas presentadas en Barranquitas y Cayey son un buen comienzo, pero todavía no constituyen una reforma completa. Ahí es donde Pablo José refunda la ruta del liderazgo; al trer propuestas abre un debate de ideas, propio de una persona madura y con oído en tierra.

Faltan detalles importantes, claro que sí, ahí esta la convocatoria;

¿Cuántas firmas serían necesarias para iniciar un referéndum revocatorio?

¿En qué momento del cuatrienio podría comenzar el proceso?

¿Qué porcentaje de votos sería necesario para remover a un gobernador?

¿Cómo se financiaría una segunda vuelta electoral?

¿Qué cantidad activaría la obligación de divulgar el lugar de empleo de un donante?

¿Cómo se definiría a un contratista gubernamental?

¿Qué sanciones enfrentarían las campañas que incumplan?

Estas preguntas que surgen del proceso de lectura no debilitan las propuestas. Al contrario, son necesarias para convertirlas en legislación seria.

La política puertorriqueña necesita menos anuncios y más diseños institucionales. Las ideas deben pasar por el análisis constitucional, fiscal, administrativo y electoral. También deben discutirse públicamente, escuchar objeciones y corregirse cuando sea necesario.

Una oportunidad para abrir el debate

Pablo José ha colocado sobre la mesa una agenda que merece discusión.

No porque todas las propuestas sean perfectas. Tampoco porque deban aprobarse exactamente como fueron mencionadas. Merecen discusión porque atienden problemas reales: la pérdida de confianza, la concentración del poder, la influencia del dinero y la limitada participación del ciudadano entre una elección y otra.

Barranquitas planteó la necesidad de darle más poder al elector.

Cayey presentó medidas para seguir la ruta del dinero político.

Juntos, ambos mensajes intentan construir una plataforma de democratización y limpieza pública.

El reto ahora será demostrar que no se trata solamente de dos buenos discursos. La credibilidad de esta agenda dependerá de que se presenten proyectos concretos, se publiquen los detalles y se esté dispuesto a enfrentar la resistencia que surgirá, incluso dentro de las propias estructuras partidistas.

Puerto Rico no necesita otra promesa de cambio.

Necesita reglas que cambien quién tiene el poder, cómo se financia ese poder y ante quién responde cuando deja de servirle al pueblo.